Derecho de supresión (borrado de datos) y derecho al olvido en la LO 3/2018 (LOPDGDD) y en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Derecho al Olvido en materia de Protección de Datos Personales
Derecho al Olvido en materia de Protección de Datos Personales

El artículo 17 del RGPD, regula el derecho a la supresión de los datos personales (anteriormente denominado derecho de cancelación) y el conocido como "derecho al olvido". Además en la nueva LOPDGDD se reconocer en el artículo 15, entre otras menciones en diversos artículos de la norma.


Derecho a la supresión de los datos.


El apartado 1º del citado artículo 17 del RGPD, establece que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:


a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;


b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;


Este supuesto contempla el caso en el que el tratamiento se fundamente en el consentimiento previo del interesado al objeto de tratar tanto sus datos personales con carácter general como los datos personales categorizados como especiales.


c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;


En este caso, la oposición del interesado se circunscribe a dos situaciones:


- Por un lado, cuando los datos son objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, es decir cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; o para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.


- Por otro, cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa.


d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;


e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;


f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.


Este último supuesto hace referencia a la oferta de servicios de la sociedad de información dirigida a niños.


En definitiva, como señala el considerando 65, los interesados deben tener derecho a que sus datos personales se supriman y dejen de tratarse si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo, si los interesados han retirado su consentimiento para el tratamiento o se oponen al tratamiento de datos personales que les conciernen, o si el tratamiento de sus datos personales incumple de otro modo el Reglamento. En todo caso, el ejercicio del citado derecho resultara particularmente oportuno en aquellos supuesto en los que el interesado haya otorgado su consentimiento cuando era menor y más tarde quiera suprimir tales datos personales, especialmente en internet.


Téngase en cuenta además, que el Responsable deberá facilitar al interesado, para cumplir con el derecho a la información, la existencia de los derechos que puede solicitar, incluído, el derecho a la supresión de sus datos, y que en caso de ejercitar el derecho de acceso, se le deberá igualmente facilitar información sobre la existencia del derecho a silicitarle la supresión de los datos personales, entre otros derechos; igualmente el Responsable, cuando sea posible, deberá indicar los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos y deberá tambien refelejarlo en su Registro de Actividades de tratamiento.


Para garantizar que los datos personales no se conservan más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica. Además deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos.


Igualmente deberán arbitrarse, por parte del Responsable, fórmulas para facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos, incluidos los mecanismos para solicitar y, en su caso, obtener de forma gratuita, en particular, su supresión, proporcionando medios para que las solicitudes se presenten por medios electrónicos, en particular cuando los datos personales se tratan mediante esos medios. El responsable del tratamiento debe estar obligado a responder a las solicitudes del interesado como máximo en el plazo de un mes, y deberá explicar sus motivos en caso de que no atendiese a dicha solicitud.


En particular el ejercicio de este derecho no debe implicar la supresión de los datos personales concernientes al interesado que este haya facilitado para la ejecución de un contrato, en la medida y durante el tiempo en que los datos personales sean necesarios para la ejecución de dicho contrato. En la LOPDGDD este derecho se regula, entre otras disposiciones, en el artículo 15, en donde además de remitirse a lo estipulado en el RGPD, se puntualiza que cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.


Destaca la novedosa regulación de los datos referidos a las personas fallecidas, pues se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, o sus herederos, puedan solicitar el derecho a la supresión de los mismos, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido. Tambien se introduce el ejercicio del derecho a la supresión en el derecho al testamento digital con respecto al acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información.


 


Derecho al olvido


Con anterioridad a la entrada en vigor del RGPD, el "derecho al olvido" ha sido objeto de reconocimiento jurisprudencial, debiendo destacarse por su relevancia la Sentencia del TJUE 13 de mayo de 2014, asunto C-131/12 que, abordó el reconocimiento de este derecho en relación con la información suministrada por los motores de búsqueda en internet.


Pues bien, esta sentencia reconoció el derecho de un particular a ejercer sus derechos a la rectificación, supresión o bloqueo de sus datos personales por entender que el tratamiento de los mismos es contrario a las previsiones de la normativa comunitaria en materia de protección de datos, y esta incompatibilidad no solo se produce cuando «los datos sean inexactos, sino en particular, de que sean inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén actualizados o de que se conserven durante un período superior al necesario, a menos que se imponga su conservación por fines históricos, estadísticos o científicos».


Así, el derecho de supresión alcanza una dimensión más amplia a fin de reforzar el "derecho al olvido" en el entorno on-line reconocido jurisprudencialmente, de forma que el responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales esté obligado a indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos. Este derecho que -como decimos- se configura como un derecho vinculado al derecho de supresión, es incorporado en el texto del RGPD en el artículo 17, que expresamente señala:


"El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:


a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;


b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;


c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;


d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;


e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;


f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1."


Como vemos, el Reglamento no configura el denominado "derecho al olvido" en torno a la posible existencia de datos inexactos o incompletos, sino que se vincula con la facultad del interesado de disponer de sus propios datos.


Así, la Sentencia anteriormente citada señala que pudiera suceder que un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos «puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicha Directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Éste es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido» y en tales casos la información y los vínculos deben eliminarse a petición del interesado.


En consecuencia, el interesado puede exigir al Responsable del tratamiento que se supriman los datos que le conciernan y se abstenga de darles más difusión. En este caso, y cuando el responsable haya hecho públicos los datos personales y se tengan que suprimir, deberá adoptar las medidas razonables para informar de la supresión a los responsables que están tratando los datos (artículo 19 del RGPD) e informará al interesado acerca de dichos tratamiento, si este lo solicitase.


 


Por otra parte, debemos señalar que la propia norma establece -en el párrafo 3º del artículo 17 - una serie de excepciones o límites al ejercicio del "derecho al olvido" en supuestos relacionados con el interés público, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, con fines de investigación científica o histórica  o fines estadísticos, con el ejercicio de otros derechos por parte del responsable del tratamiento o bien para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.


En todo caso, resultará necesario realizar una correcta ponderación de los derechos e intereses en conflicto, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto. A tal fin, podemos tomar en consideración algunas pautas que el TJUE proporciona en la citada sentencia, así, el derecho de cancelación «prevalece, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate».


En el ámbito nacional , también encontramos diversas resoluciones que se pronuncian en el mismo sentido - Sentencias del Tribunal Constitucional 57/1994 o 18/1999- indicando que el derecho a la protección de datos, en donde se incluye el denominado "derecho al olvido", no es un derecho absoluto, por lo que los derechos fundamentales pueden ceder ante bienes e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido.


 


Con respecto a las operaciones de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios, se presumirá que el tratamiento de los datos es lícito (incluída su comunicación previa), si bien, en caso de que la operación no llegase a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder a su supresión con carácter inmediato, sin necesidad de que el interesado lo solicite.


Dentro de los poderes que se otorgan a las Autoridades de Control, se dispone que dentro de los poderes correctivos, podrán ordenar la supresión de los datos así como la notificación de dicha medida a los destinatarios a quienes se hayan comunicado datos personales.



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